Los efectos del “pan y circo” en la zona de promesas
A tanto llegó la sobreexposición con el rescate de los mineros de Atacama que ya enciende suspicacias en la zona del Biobío. Mientras el Gobierno reparte misivas de milagrosa eficacia por el mundo, los damnificados del 27/2 continúan esperando por la ansiada reconstrucción. Una promesa que hasta ahora sigue entrampada en proyectos sin materializarse.
Por Ricardo Pinto Neira
Por más dureza de carácter que demuestre, la señora Sonia Guajardo tiene sentimientos encontrados y los proyecta con la mirada. Observa con dejo de envidia la suerte de los 33 sobrevivientes de la mina San José en la televisión. Esos tan de pueblo y clase trabajadora como su familia están hoy de traje, en La Moneda, con la atención mediática del país encima. Justo cuando ella, con Joaquín de apenas cuatro años desparramando lodo sobre esos brazos maternales se preocupa de convencer a varios vecinos acerca del problema de las duchas. Que se volverá a repetir si no cambian los demás estanques a lugares más altos y firmes.
Han pasado ocho meses desde que un fatídico tsunami arrasó las costas de Talcahuano. Durante el último fin de semana, la municipalidad instaló contenedores de agua para propiciar lugares de aseo en el campamento Santa Clara. Con tal mala suerte que el terreno cedió y devolvió el agua a las improvisadas cabañas de emergencia. Son 200 personas congregadas en casi medio centenar de familias quienes aún no pueden bañarse como corresponde. Al igual que en tantas otras comunas de la Sexta, Séptima y Octava regiones, donde miles de compatriotas siguen apilados en refugios básicos de emergencia. Ya pasaron el duro invierno allí. Y temen que les quede mucho tiempo en ese sombrío entorno.
No es distinto el panorama si se obtiene una fotografía social a mayor escala. Los edificios en Concepción continúan en el suelo, los puentes cortados, la conexión vial es paupérrima y la lista de inconvenientes se hermana con la de promesas incumplidas. ¿Quién responde por todo este desastre permanente? ¿En qué quedó el planificado y asegurado proceso de reconstrucción que prometieron las autoridades de Gobierno en sus repetidas visitas a la zona durante marzo? “Se han gastado tanta plata en esa gente y me alegro por ellos pero nosotros también somos chilenos” dice Sonia y los demás se hacen eco de la misma voz. Su marido no puede ayudar en las tareas de reposición de baños comunitarios porque junto a otros “colegas” deambulan por lo que reinició en el puerto buscando algún atisbo de sustento. Quieren una oportunidad en lo que siempre supieron hacer, para lo que sirven y donde sienten que pueden aportar. Todos trabajaban en el área industrial de la pesca. Las tres olas gigantes del verano se llevaron sus casas, empleos y según ellos, también algo de su dignidad.
MAQUETAS Y OFICIOS
164 mil millones de pesos es lo que el MOP dispone gastar en la región del Biobío sobreponiéndose a lo pactado por la Ley de Presupuesto 2010. Pero ni siquiera es una realidad materializada con la que se pueda contar en terreno. Según la cartera, este volumen de dinero es un 60% mayor al que se tenía determinado antes de la catástrofe. Sin embargo, las leyes especiales que se pidieron en el congreso para obtener ingresos adicionales destinados a la reconstrucción apenas alcanzan hoy al 6,4% de incremento total, lo que claramente es menor a las cifras que las comunidades locales esperaban invertidas en su suelo a esta altura del año.
Y los fríos números anuncian que en suma, de lo que se tenía en caja para invertir en faenas de rearmado estructural y vial sólo se materializó un 35% en las regiones afectadas. “El resto sigue en el oficio, en los anuncios. El dinero lo tienen. Están fallando claramente en la gestión y en su promesa de eficiencia que utilizan como emblema después del rescate minero” enfatiza la presidenta del PPD, Carolina Tohá.
Sólo el esfuerzo de los alcaldes de Talcahuano, Gastón Saavedra y de Hualpén, Marcelo Rivera lograron cambiarle la cara a una intercomuna devastada por el terremoto. Con aportes privados y gastando enormes sumas desde sus propias arcas municipales lograron solventar la situación de sus vecinos en emergencia y mejorar un poco el aspecto urbano. Pero la capital de la región, Concepción, aún muestra las señales de la impericia gubernamental para afrontar la crisis.
“No nos estamos quejando pero por ejemplo, el primer edificio que está dentro de la planificación de demoliciones es el Palacio de Los Deportes en lo que eran las dependencias de la universidad acá en el puerto y que está en terrenos fiscales. Esa es una clara señal que las tratativas para demoler inmuebles privados colapsados no está rindiendo frutos” asevera Saavedra.
Tal cual. Las emblemáticas ruinas del Alto Río desplomadas en uno de los principales ejes penquistas, así como la Torre O’Higgins en pleno centro siguen allí al desamparo. Hay intentos de saqueo y los dueños han debido pagar estudios de terreno y solución desde sus propios bolsillos. Apenas se consignan vagos intentos y presupuestos ficticios para determinar su futuro. Finalmente, la situación real indica que ni siquiera se aprueban los estudios de derribamiento. Sólo a mediados del próximo mes serán enviados los informes finales a los distintos fiscales que ven las causas contra las constructoras responsables. Son ellos quienes deben autorizar una potencial eliminación de la prueba de investigación. Los plazos siguen pendientes y los bancos cobran los créditos hipotecarios amparados en la ley. Y quienes perdieron todo siguen pagando el alto precio de la burocracia inoperante y el centralismo inofensivo.
RETRASOS EN VIVIENDA, CONECTIVIDAD Y AUMENTO DE LA CESANTÍA
Sólo en la Octava Región los números arrojan un engañoso 10% de desempleados. La cifra es tremendamente errónea si se considera que Talcahuano estuvo siempre entre los más altos índices nacionales y jamás disminuyó los dos dígitos. Según Saavedra, “sólo los cupos de emergencia por el tema de reconstrucción ayudaron a palear el número de vecinos que perdió su fuente de ingreso con el maremoto. Ahora, esa gente tendrá acceso a dos meses más de sueldo al integrarse a otro programa de ayuda a su mantención en el mercado. Pero siguen siendo paliativos engañosos”. Claramente, esas cifras casi mágicas no amortiguarán en efecto a mediano plazo. Ni siquiera los que se avecinan, pues 10 mil de estos inscritos en los grupos de trabajo militar de contingencia ya saben que se quedan de brazos cruzados a fin de mes.
La empresa pesquera, que en su sector artesanal dejó pérdidas que prácticamente alcanzan al 75% de la fuerza laboral, se está encaminando recién a alcanzar sus mínimos márgenes de funcionamiento. Iniciativas priva- das consiguieron recuperar embarcaciones de captura pero incluso en el sector de Tumbes hay protestas de comuneros de la costa contra la Armada que prohíbe el zarpe de los botes.
Peor es el caso del sector industrial, considerado uno de los pilares del empleo en la comuna portuaria. Apenas funciona al tercio de su capacidad normal y los despidos se dejaron caer en marzo. Si antes, la cuota alcanzaba al 62% del volumen nacional, la producción apenas sobrepasa hoy el 36%.
Y si bien algunas industrias emblemáticas como Enap, CAP y Asmar se están levantando sin entrar en la dinámica del cese de contratos a personal de planta, se sabe que es considerable la cantidad de empleados que perdieron su fuente laboral a contrata. Uno de los mineros de San José, Raúl Bustos, es el ejemplo más patente de ello. El tsunami se llevó su fuente de ingreso como el de tantos otros. Debió salir al mercado no tradicional y lejos de su entorno.
Tomé, Lota y Coronel, otras comunas con enormes cifras de desempleo ven con estupor como los anuncios no se cumplen y a sus orillas sólo se arrima el mar inhóspito. No hay proyectos concretos, ni dineros materializados desde la Intendencia. La tolerancia se acaba y la migración ni siquiera se cuantifica mientras el panorama incrementa la desolación entre sus habitantes. En la comuna de Chiguayante se anuncia el cierre de plantas de la textil Tavex y la fábrica de papales Schaub, ambas por problemas de producción y comercialización de sus productos. Se calculan unas 700 familias cuyos jefes de hogar quedarán en la calle a partir de diciembre.
No es mejor el panorama en lo que a vivienda se refiere. Apenas se ha materializado la entrega de 9 mil subsidios en total. Una cifra ínfima considerando el total de damnificados. Es el atisbo de solución para el 6,8% de las familias que resultaron afectadas por la catástrofe en las regiones del sur. El diputado DC Ricardo Rincón es categórico en asumir que “el Gobierno no está resolviendo estos problemas y confunde al país con pirotecnia mediática. Su ineficiencia es remarcada y para 2011 apenas manejan atender las demandas de un 35% de las familias afectadas por el terremoto”.
La principal molestia de los ciudadanos y empresarios radica en la falta de conectividad en el eje del Río Biobío. El proyecto de barcazas resultó un despilfarro de dinero. De los 200 camiones presupuestados por día, el sistema sólo cuenta con 80 usuarios en cada jornada. Se invirtieron mil millones de pesos y sólo se pronostica recaudar el 40%.
Y mientras el puente industrial continúa siendo una promesa que ni siquiera arroja estudios concluyentes –sólo se sabe que se estiman 20 mil seiscientos millones de pesos para levantarlo-, los viaductos siguen inutilizables. El de trenes está frenando el funcionamiento del Biotrén con las consabidas mermas en el servicio básico y las ganancias.
Las excesivas divergencias de criterio se aprecian en detalles como la reposición del puente Juan Pablo II, que descongestionará el tránsito entre Concepción y San Pedro. Mientras la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe comprometió su apertura para el 1 de noviembre –y así se concretará sólo para el uso de vehículos livianos-, desde el MOP apuntan a apurar los trabajos para recién entregarlo a mediados del mismo mes. Lo que antes significaba veinte minutos de trayecto hoy se encumbran en casi hora y media. Las calles céntricas siguen cortadas y los desvíos de tránsito son demasiado molestos, sin considerar la enorme huella en el pavimento de zonas residenciales. La paciencia de los usuarios comienza a desgastarse.
LA POLÉMICA QUE RECIÉN SE ENCIENDE
Si al cumplirse seis meses de la catástrofe hubo agrupaciones vecinales generando focos de protesta, ahora son las autoridades y hasta los propios parlamentarios oficialistas quienes alzaron sus críticas al trabajo del Gobierno central.
Al mesurado llamado del diputado UDI, Jorge Ulloa, que puso la nota disonante al reconocer que “aún quedan muchas tareas pendientes y si bien comprendemos que este es un proceso de largo plazo, se hace necesario reafirmar el compromiso de la autoridad nacional con la reconstrucción”, en las últimas semanas se concentró el descontento en otros personeros locales.
Bastó que desde Santiago –específicamente desde las oficinas del Minvu- arreciaran las críticas a los alcaldes de Hualpén y Talcahuano para encender la mecha. El jefe comunal hualpenino, el PPD Marcelo Rivera, recogió el guante y llamó a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte a “terminar con las faltas de respeto, el mal gusto y las evidentes maniobras de improvisación con que están abordando el problema de la reconstrucción”.
Uno de los principales aliados de oposición en el período de anuncios fue el senador del MAS, Alejandro Navarro. Su perspectiva cambió radicalmente con los continuos reclamos y evidentes retrasos que recibe a diario por parte de los votantes de su distrito. “No vemos avances. La gente de Dichato, Talcahuano y localidades de Arauco siguen viviendo en mediaguas. No tienen servicios básicos y nadie del Gobierno se acerca a darles respuestas ni soluciones. El nivel de descoordinación y falta de organización es aberrante”.
A tanto llega la desesperación que ya se presumen medidas de fuerza para plasmar el descontento. Vecinos pertenecientes a uniones comunales de Rancagua, Constitución y Concepción se reunieron anunciando una masiva huelga que convocaría a jefes de hogar de 4.000 familias del país que ven cómo el ministerio del ramo rechaza sus postulaciones a subsidios por cuentas impagas en servicios básicos de luz o agua, esto motivado a instancias de las instituciones financieras. Es más. Siete integrantes de la Villa Cordillera, en la capital de O’Higgins, comenzaron esta semana un ayuno indefinido en demanda de soluciones y compromisos tangibles.
Los cálculos repetidos indican que se necesitan 30 mil millones de dólares para reconstruir sólo las tres regiones más desoladas por la tragedia de febrero. De eso, 21 mil millones corresponden a infraestructura y 1.200 a educación. Y respecto a las aulas dañadas sólo en Biobío, recién se concretó una ayuda de 4 mil millones de pesos por parte del Mineduc para reparar edificios y contar con su capacidad operante antes del inicio de las clases en 2011. Los anuncios se multiplican. Tanto como las carencias y las promesas contravenidas.
En el campamento Santa Clara están preocupados y decepcionados. Se anuncian lluvias persistentes para esta semana y como es costumbre, las improvisadas viviendas son las que más sufren. “Como quiere que no nos dé pena si con esto de los mineros parece que se olvidaron de nosotros”, reclama con tono quebradizo y cabizbajo la señora Sonia, mientras sigue dando fórmulas para evitar que el barro circunstancial inunde sus pisos.
Este mes tampoco habrá ducha. Ni un papel de la autoridad que acredite salir de ahí en el futuro cercano. Ni trabajo para los jefes de hogar ni menos soluciones definitivas. Su lucha ya no es con clima, ni con el hambre o la angustiante desilusión. Hoy sólo pelean por no quedar en el más grosero abandono.
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